El Parlamento Europeo ha aprobado las nuevas reglas en materia de protección de datos que deberán aplicar los estados miembros de la Unión Europea. La reforma pretende devolver a los ciudadanos el control de sus datos personales y garantizar unos estándares de protección elevados y adaptados al entorno digital. Los países tienen un plazo de dos años para adaptar la normativa nacional al nuevo reglamento europeo.
Las nuevas reglas sustituyen a una directiva de 1995, cuando el uso de internet no estaba tan extendido. El objetivo es dar más control a los ciudadanos sobre su información privada en una situación actual la cotidianeidad pasa por el uso de teléfonos inteligentes, redes sociales, banca por internet y transferencias globales.
Las nuevas reglas incluyen el derecho al “olvido”, mediante la rectificación o supresión de datos personales,la necesidad de “consentimiento claro y afirmativo” de la persona concernida al tratamiento de sus datos personales,la “portabilidad” o el derecho a trasladar los datos a otro proveedor de servicios y el derecho a ser informado si los datos personales han sido pirateados. Igualmente está contemplado el derecho a un lenguaje claro y comprensible sobre las cláusulas de privacidad y la aplicación de multas de hasta el 4% de la facturación global de las empresas en caso de infracción.
La nueva medida de protección de datos también incluye una directiva sobre transmisión de datos para cuestiones judiciales y policiales. Se aplicará al intercambio de datos transfronterizos dentro de la Unión Europea y establecerá estándares mínimos para el tratamiento de datos en cada país. La finalidad es proteger a las personas implicadas en investigaciones policiales o procesos judiciales, sea como víctimas, acusados o testigos, mediante la clarificación de sus derechos y el establecimiento de límites en la transmisión de datos para prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de delitos o la imposición de penas.
El reglamento entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario oficial de la Unión Europea y los países tendrán un plazo de dos años para trasladar los cambios de la directiva a la legislación nacional.
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